La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realizó una Reunión Informativa de Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo, con el propósito de brindar orientación, actualizar criterios y fortalecer la coordinación institucional en torno a la reforma constitucional en materia de transparencia y al nuevo esquema de operación de Transparencia para el Pueblo, organismo descentralizado sectorizado a esta dependencia. Esta acción reafirma el compromiso de la gobernadora Margarita González Saravia, con una administración cercana, abierta y al servicio de todas y todos.

Durante el encuentro se expusieron los alcances de este nuevo organismo, así como las facultades que tendrá para acompañar, orientar y dar seguimiento a las obligaciones en materia de acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales, con el objetivo de consolidar mecanismos más claros, eficientes y accesibles para la ciudadanía y para las instituciones del Poder Ejecutivo.

En su intervención, Alejandra Pani Barragán, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, subrayó que la transparencia no sólo representa una obligación legal, sino una herramienta indispensable para fortalecer la confianza ciudadana, mejorar el desempeño gubernamental y garantizar el ejercicio de derechos. En ese sentido, llamó a las dependencias y entidades a mantener una participación activa y coordinada ante esta nueva etapa institucional.

Como parte del programa, se desarrolló la ponencia sobre la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia, a cargo de Briseida Yadira García Vara, titular de la Unidad de Enlace Jurídico, además de una intervención técnica para profundizar en el contexto, contenido y aplicación de estas disposiciones, además de un espacio de preguntas y respuestas, lo que permitió atender dudas, intercambiar puntos de vista y reforzar criterios entre las y los sujetos obligados asistentes.

Con este tipo de ejercicios, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno fortalece la preparación institucional ante los nuevos retos en materia de legalidad, rendición de cuentas y acceso a la información, privilegiando un servicio público más eficaz y con mayor certeza para la población.