El Gobierno de Morelos mantiene abiertas las mesas de diálogo con la representación del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo y prioriza los derechos de la base trabajadora, afirmó el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, quien destacó que, por instrucción de la gobernadora Margarita González Saravia, sus planteamientos se atienden con prudencia y apego a la ley, sin comprometer los servicios que recibe la ciudadanía.
Sin embargo, señaló que, pese a las reuniones sostenidas y al ofrecimiento de una mesa de trabajo, integrantes del sindicato cerraron los accesos a Palacio de Gobierno el 13 de octubre, lo que afectó el tránsito de personas y la realización de trámites, mientras que este 14 de octubre continúan las interrupciones de actividades en áreas gubernamentales, por lo que consideró inaceptable paralizar los servicios públicos cuando la atención a la población es prioritaria; en ese sentido, subrayó que las demandas laborales no deben utilizarse con fines políticos ni vulnerar las libertades de otras personas.
Para dar cuenta de la atención institucional, informó que durante el año se han entregado cerca de siete millones de pesos a la organización gremial, sujetos a comprobación del gasto; asimismo, respecto de los señalamientos sobre un supuesto congelamiento de plazas, aclaró que los plazos para contrataciones, altas y movimientos de personal responden al cierre del ejercicio fiscal y son de aplicación general, de modo que no constituyen una medida dirigida exclusivamente al personal sindicalizado, sino procedimientos sujetos a las autorizaciones correspondientes y a la disponibilidad presupuestal.
Por otra parte, anunció que el Ejecutivo estatal dispersará directamente y por única ocasión el bono navideño de poco más de mil 800 pesos a las y los integrantes del sindicato, a fin de brindar certeza sobre su entrega, además de precisar que ninguna prestación está condicionada a la participación en marchas, manifestaciones o eventos, por lo que las diferencias con la dirigencia no deben trasladarse a las y los trabajadores ni afectar sus derechos.
En este sentido, puntualizó que las afectaciones a la atención ciudadana no obedecen a una falta de disposición o de trabajo por parte del Gobierno de Morelos, sino a acciones externas a la operación institucional que han limitado el acceso y la prestación regular de algunos servicios.
Finalmente, Salazar Acosta indicó que las instancias competentes documentan los hechos relacionados con el cierre de accesos para determinar lo que corresponda conforme a derecho, al tiempo que reafirmó la disposición para atender los planteamientos sindicales y preservar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos. “Nos mantenemos en el diálogo, pero un diálogo consciente, un diálogo responsable”, expresó.
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