El Gobierno de Morelos determinó no presentar durante la actual Legislatura una iniciativa para modificar el sistema pensionatorio y mantener en pausa las mesas de trabajo, bajo la premisa de privilegiar la certeza de las y los trabajadores, el respeto a sus derechos adquiridos y un análisis sustentado en información técnica y financiera suficiente.
Al respecto, Jorge Salazar Acosta, secretario de Administración y Finanzas, destacó que esta determinación responde a la visión de la gobernadora Margarita González Saravia de conducir un tema de alta sensibilidad social mediante el diálogo, el respeto a los derechos laborales y la responsabilidad institucional, evitando decisiones que no cuenten con los elementos necesarios para dimensionar sus implicaciones.
En este sentido, informó que la decisión se tomó tras la deliberación de la mesa de trabajo, en la que participaron 29 representaciones de organizaciones laborales, 23 de ellas con derecho a voto conforme al mecanismo establecido por las propias representaciones.
“El Ejecutivo no enviará ninguna iniciativa al Legislativo sobre el sistema de pensiones”, afirmó Salazar Acosta, quien reiteró la voluntad de la mandataria estatal de mantener un respeto irrestricto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, así como a los derechos adquiridos.
Asimismo, precisó que no existe una fecha para reanudar las mesas de trabajo y explicó que éstas únicamente podrán retomarse si las propias organizaciones laborales así lo solicitan. En ese escenario, puntualizó, el Poder Ejecutivo mantendrá abiertas las puertas al diálogo y al trabajo conjunto.
Por otra parte, el secretario señaló que el proceso permitió identificar la necesidad de contar con información actuarial suficiente para dimensionar integralmente las condiciones del sistema pensionatorio. Precisó que el Poder Ejecutivo dispone de su estudio actuarial y destacó la importancia de que cada municipio, poder público, entidad paraestatal y organismo autónomo cuente también con el correspondiente, conforme a las disposiciones aplicables.
En este análisis participaron especialistas de El Colegio de Morelos y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quienes aportaron elementos técnicos y académicos que coincidieron en la importancia de disponer de estudios actuariales para sustentar cualquier discusión futura sobre el sistema.
En materia financiera, reconoció que las obligaciones pensionarias representan un desafío que debe atenderse con responsabilidad. Por ello, señaló que las entidades públicas deben incorporar estas obligaciones en su planeación presupuestal y observar medidas de disciplina financiera, sin trasladar su impacto a los derechos adquiridos de las personas.
En cuanto a las denominadas “pensiones doradas”, informó que el Gobierno estatal realizará un análisis jurídico con acompañamiento de especialistas de la academia y de la Consejería Jurídica, a fin de determinar, con base en la legislación y antecedentes jurisdiccionales, si existen elementos para emprender acciones.
Así, el Gobierno encabezado por Margarita González Saravia establece una ruta clara para el tratamiento de un asunto de alto impacto social: respeto a los derechos adquiridos, diálogo con las organizaciones laborales, sustento actuarial y responsabilidad financiera, con el propósito de brindar certeza a trabajadoras, trabajadores, personas jubiladas y pensionadas.
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