El Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Infraestructura, avanza en la segunda etapa de construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en Jojutla, con una inversión conjunta superior a 38 millones de pesos de recursos federales y estatales. Los trabajos permitirán concluir y acondicionar un espacio destinado a brindar atención integral y especializada a mujeres de la región sur de Morelos, particularmente a quienes enfrentan situaciones de violencia.
El secretario de Infraestructura, Adolfo Barragán Cena, informó que el proyecto, impulsado por la gobernadora Margarita González Saravia, reúne recursos de la Federación y del Gobierno de Morelos para completar el edificio principal, sus instalaciones y las obras exteriores necesarias para ponerlo en operación.
Del monto total, la aportación federal asciende a 18 millones 653 mil 291 pesos y contempla la continuación y conclusión del edificio principal, mediante trabajos de cimentación, estructura y acabados, así como instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales, eléctricas, de gas, ventilación, telefonía y comunicación. También incluye cancelería, carpintería, herrería y otros elementos necesarios para el funcionamiento del inmueble.
A estos trabajos se suman alrededor de 20 millones de pesos del Gobierno de Morelos, destinados a terracerías, instalaciones, acabados y obras exteriores, entre ellas pavimentos de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones.
La inversión estatal comprende además obras para la conducción y el desalojo de aguas pluviales, con el propósito de generar condiciones adecuadas de accesibilidad, movilidad y funcionamiento.
Como parte de esta misma etapa, Barragán Cena precisó que se realizarán pruebas, ajustes y verificaciones de las instalaciones, además de labores de limpieza y acondicionamiento de las áreas intervenidas, a fin de entregar espacios seguros y funcionales.
Una vez concluido y puesto en operación, el Centro de Justicia para las Mujeres en Jojutla permitirá brindar servicios especializados y acompañamiento en condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad, para que las mujeres de la región sur que enfrentan situaciones de violencia cuenten con un espacio destinado a su atención.
