En el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, prestamos el Servicio de Defensa Penal en donde se otorga asistencia jurídica gratuita en asuntos de fuero estatal, desde el momento de la detención o comparecencia ante el Ministerio Público o Juez, hasta el momento de la ejecución penal en caso de existir una sentencia. Este servicio puede ser requerido por cualquier persona imputada, sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de religión, origen étnico, posición económica u otra condición, ya que es un derecho humano acceder a la justicia, conforme con el artículo 20,apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona imputada debe contar con una defensa adecuada. Es por ello que el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos a través de los defensores públicos estatales, brinda un servicio especializado para la defensa de derechos e intereses de los defendidos en cualquiera de las etapas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como en el Sistema Penal Tradicional.
Ante Agencia del Ministerio Público
Desde el momento en que una persona es detenida y durante cualquier actuación ministerial, los defensores públicos deben intervenir para garantizar una adecuada defensa. Esto incluye participar en todos aquellos actos de investigación que resulten pertinentes o útiles para el esclarecimiento de los hechos o la determinación de la probable responsabilidad del imputado.
Ante los Centros de Justicia Penal
Durante la audiencia inicial, los defensores públicos aseguran una defensa profesional y de calidad, con el fin de identificar posibles ilegalidades en la detención, así como irregularidades en la formulación de la imputación. En la etapa de investigación, realizan todos los actos necesarios para acreditar la inocencia del representado.
En audiencia intermedia y de juicio, desarrollan una defensa técnica mediante argumentos, análisis del expediente y conocimientos especializados, buscando desvirtuar los cargos y garantizar el derecho a una defensa adecuada. Asimismo, presentan pruebas necesarias para evidenciar la ilegalidad de los actos imputados y procurar la libertad del representado.
En Materia de Ejecución de Sentencias
Los defensores públicos tienen la obligación de realizar visitas periódicas a sus representados privados de la libertad, por lo menos una vez al mes. Asimismo, deben realizar los trámites necesarios para acceder a los beneficios preliberacionales o a las sanciones no privativas de libertad, de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Cuando el representado cumple una sentencia condenatoria, el defensor debe velar por su integridad física, psicológica y por su derecho a la libertad, agotando todas las instancias legales que correspondan.
Ante los Órganos Jurisdiccionales en materia Penal (Sistema Penal Tradicional)
En los procesos del sistema penal tradicional, los defensores públicos analizan detalladamente los expedientes judiciales con el objetivo de obtener los elementos jurídicos que favorezcan al imputado.
Durante el proceso, deben ofrecer todas las pruebas pertinentes que puedan beneficiar al defendido, sin limitarse únicamente a las relacionadas con la individualización de la pena. En caso de apelación, el defensor debe presentar los argumentos por escrito y entregar una copia al representado, contribuyendo así a una estrategia clara y continua.
Durante la etapa de ejecución de sentencias, es responsabilidad del defensor promover ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales los medios de defensa necesarios.
