En congruencia con la política nacional de austeridad, eficiencia administrativa y combate frontal a la corrupción, el Gobierno del Estado de Morelos publicó el Decreto número 1105 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 6517, mediante el cual se formaliza la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, nueva instancia encargada de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el Poder Ejecutivo.

Con el impulso de la gobernadora Margarita González Saravia, esta reforma armoniza la Constitución local con la estrategia federal de simplificación orgánica, lo que consolida un modelo gubernamental más ágil, funcional y comprometido con el uso responsable de los recursos públicos.

La entrada en vigor del decreto deroga el artículo 23-A de la Constitución Política del Estado de Morelos y establece un esquema institucional en el que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asume de manera directa la tutela del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en el ámbito del Ejecutivo estatal.

Este diseño institucional elimina estructuras intermedias y otorga mayor eficacia a la política de transparencia y combate a la corrupción, al impulsar una actuación transversal, con mejor coordinación y mecanismos de supervisión más robustos.

De acuerdo con el decreto, los poderes Legislativo y Judicial ejercerán estas funciones mediante sus respectivos órganos internos de control, mientras que los partidos políticos y organizaciones sindicales se sujetarán a los esquemas de fiscalización federal vigentes, lo que garantiza certeza jurídica y plena protección de derechos.

Con esta reforma, Morelos fortalece la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno como pilar del nuevo andamiaje institucional, lo que reafirma que la rendición de cuentas es un principio permanente y un compromiso ineludible con el pueblo.

Esta decisión se inscribe en la transformación nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y confirma que un gobierno austero, eficiente y honesto constituye la base para garantizar derechos, generar confianza pública y construir bienestar colectivo.

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